JUSTICIA ECOLÓGICA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y DERECHO A LA ENERGÍA (I)

En el mundo en que vivimos nos enfrentamos a la evidencia del impacto que la acción de la humanidad tiene en el equilibrio de nuestro planeta. El modelo de desarrollo de la humanidad ha sobrepasado límites ecológicos como la biodiversidad, la hidrología o el clima y ha provocado la crisis ecológica y la emergencia climática actual. El cambio climático está ocurriendo ahora y afecta no sólo a la Naturaleza, al deterioro de los ecosistemas, sino también a los seres humanos y sus derechos y, en mayor grado, a las mujeres.

Esta crisis ecológica, provocada por la conducta humana, obliga a un cambio radical en el pensamiento y en el modelo de desarrollo dominante. Los viejos esquemas mentales antropocéntricos deberán ser sustituidos por una nueva visión ecocéntrica e integradora de la vida. En este sentido, el modelo de la Justicia ecológica ofrece un paradigma capaz de condicionar el desarrollo del Derecho, la Política y la Economía, poniendo como razón lógica del nuevo orden socioecológico la ampliación de las relaciones intrahumanas a las relaciones ecosistémicas. La realización de la Justicia ecológica implica lograr un modelo de desarrollo sostenible, que libere a la humanidad y al planeta de la imborrable huella ecológica.

El término desarrollo sostenible expresa una nueva medida de la Sostenibilidad que incluye tanto el desarrollo social de las generaciones presentes y futuras, como los límites del ecosistema. La evolución del concepto de desarrollo, desde el “desarrollo humano” (Conferencia de Estocolmo, 1972) hacia el “desarrollo sostenible” (Cumbre de Rio, 1992), significa el tránsito de la perspectiva antropocéntrica a la perspectiva ecocéntrica. El nuevo concepto de desarrollo que incluye la capacidad ecológica de la Tierra, se consolida en la Cumbre de Rio de 1992 como el principio de la Sostenibilidad.

La urgencia de llevar a cabo la Sostenibilidad obliga a adoptar medidas de distribución, adaptación y mitigación, a la reducción del consumo y a la transición energética. La transición desde las energías no renovables y contaminantes a la energía limpia y renovable, nos sitúa en un nuevo marco de la energía y el clima como una de las grandes urgencias que hemos de abordar para frenar el cambio climático y avanzar hacia una energía más distributiva, participativa, paritaria, transparente y democrática. En el plano internacional, regional y nacional, algunos pilares básicos de este nuevo marco estratégico son:

A nivel universal, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y las sucesivas Conferencias de las Partes que tratan de lograr el desarrollo efectivo de dicha Convención, en la COP21 se adoptó el Acuerdo de París en 2015. La última COP25 tuvo lugar en Madrid durante los días 2 al 13 pasado mes de diciembre, donde tuve la suerte de participar acreditada por las Naciones Unidas la primera semana con Sustainable Enery Network, y la segunda semana con Gender CC-Women for Climate Justice.

A nivel regional, el llamado Paquete de Energía Limpia o Paquete de invierno de la UE: la Directiva 2018/844 de eficiencia energética en edificios; la Directiva 2018/2001 de fomento del uso de energías renovables, la Directiva 2018/2002 de eficiencia energética, y el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el clima 2018/1999, que obliga a que cada Estado Miembro tenga que preparar un plan nacional integrado de energía y clima para el periodo 2021-2030, e introduce mecanismos para la consecución colectiva de los objetivos de la UE en materia de energías renovables y eficiencia energética; la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad,  y el Reglamento 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad .

A nivel nacional, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental; el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030; la Estrategia de Pobreza Energética; la Estrategia de Transición Justa, y la próxima “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y climáticamente Neutra para 2050”.

La nueva legislación abre el camino hacia una energía renovable al servicio de la comunidad y los derechos de ciudadanía. En ella, el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas configuran el derecho a la energía como un nuevo derecho socio-ecológico básico, que concede a las comunidades y a las personas el derecho a producir, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable. Esta nueva exigencia ciudadana y ecológica tendrá que salvar los obstáculos sustantivos y procedimentales, que aún padecen los derechos sociales como derechos humanos/fundamentales, y abrir la dogmática jurídica a una nueva generación de derechos fundamentales como los derechos bioculturales, los derechos ecológicos, y los derechos de la naturaleza.

Teresa Vicente Giménez . Investigadora y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, abogada y escritora

Miembro del Consejo Rector de La Solar

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